El Estado Ecuatoriano en 1990 ratifica la Convención Internacional de los derechos de la niñez, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. Este hecho pone en evidencia la necesidad de adaptar las leyes del país para cumplir los compromisos adquiridos con la Convención. A partir de esta fecha se inicia un proceso impulsado por diferentes sectores de la sociedad civil que buscan garantizar la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Los resultados de este movimiento se ven reflejados en la Constitución de 1998 cuando se les reconoce como ciudadanos desde su nacimiento, por tanto sujeto de todos los derechos, más los específicos de su edad.